El Gobierno nacional presentó en el Senado el proyecto de ley “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que busca derogar más beneficios centrales de la Emergencia en Discapacidad. La norma exige un reempadronamiento obligatorio, fija las pensiones en el 70% de la mínima y establece una incompatibilidad absoluta entre el beneficio y el trabajo formal.
El proyecto ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo espera consolidar una mayoría más ágil que en Diputados. La estrategia se asemeja a la utilizada con el financiamiento universitario: proponer una nueva normativa que reemplace a la actual —cuya aplicación plena ha sido exigida por la Justicia— para ganar margen de maniobra fiscal y administrativa.