La educación se planta frente al ajuste del gobierno libertario
Los motivos sobran: piden la convocatoria a una paritaria nacional, la restitución de fondos para funcionamiento y salarios, y el rechazo al proyecto legislativo libertario para convertir a la escuela en un nuevo mercado.
Este lunes, los gremios docentes de todos los niveles paran para hacer frente, una vez más, al ajuste en educación. La medida sirve para visibilizar una situación que ya desbordó todos los límites. Entre otros aspectos, solicitan el llamado a una paritaria nacional docente y universitaria, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la oposición a la Ley de Libertad Educativa, propuesta por el oficialismo para convertir a la escuela en un mercado más. La respuesta del Gobierno es echar nafta al fuego: el Ministerio de Capital Humano advirtió que “se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial”. Y que“el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa”.
La comunidad docente unificada –el paro fue convocado por Conadu, Conadu Histórica y la Ctera– muestra músculos frente a un gobierno que, ya transcurridos los escándalos de Adorni y compañía, no logra hacer pie para instalar su agenda como en el primer bienio de la gestión. Se estima que, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se recortaron en un 80 por ciento los fondos para educación obligatoria. Ese porcentaje frío se traduce en estudiantes con menos recursos para aprender y docentes peor pagos que, para colmo, ya no cuentan con el Fonid, un instrumento creado en 1998 que, a comienzos de 2024, se dejó de abonar como dinero extra al bolsillo de todos los maestros y profesores del país.
Lo que aún significa más, la administración libertaria acelera en el Congreso la sanción de la Ley de Libertad Educativa. Eso también constituye uno de los principales motivos para las medidas de resistencia, en tanto que el bosquejo de la norma brinda la posibilidad a los estudiantes de no ir a la escuela y aprender desde sus propias casas. Asimismo, retoma la idea inicial que Milei sostenía cuando estaba de campaña con respecto a los vouchers (que financian la demanda y no la oferta), brinda más poder a las familias (que se convierten en clientes) y minimiza el rol del Estado y sus instituciones. Reivindica, en sentido general, el concepto de educación como una mercancía y no como un derecho.