Jujuy, Desalojan a comunidades originarias y crece la preocupación por el avance de sus territorios.
El violento desalojo de familias de la comunidad originaria Santa Rosa, en Humahuaca, Jujuy, volvió a poner en el centro de la discusión la situación territorial de los pueblos originarios y las políticas del Gobierno nacional respecto de sus derechos.
El operativo, realizado el 10 de agosto de 2026, terminó con denuncias de represión policial, personas heridas por balas de goma, utilización de gases lacrimógenos y la destrucción de tres viviendas. Integrantes de la comunidad también denunciaron irregularidades durante el procedimiento y situaciones que involucraron a niños y niñas.
El episodio no puede analizarse por fuera del contexto nacional. En diciembre de 2024, el presidente Javier Milei, mediante el DNU 1083/2024, puso fin a la emergencia territorial indígena establecida por la Ley 26.160, dejando sin efecto la suspensión de los desalojos que protegía a las comunidades mientras avanzaban los relevamientos de sus territorios.
La decisión significó un retroceso en una herramienta fundamental para resguardar la posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios, en un país cuya Constitución Nacional reconoce expresamente sus derechos territoriales y culturales en el artículo 75, inciso 17.
Lo ocurrido en Humahuaca vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿qué garantías tienen las comunidades originarias para defender sus territorios ancestrales cuando se debilitan los mecanismos institucionales destinados a protegerlas?
La defensa de los pueblos originarios no es solamente una discusión sobre la propiedad de la tierra. Es también una cuestión de identidad, memoria, cultura y derechos humanos.