El diputado provincial del MID, Javier Galán, enfrenta un escenario judicial que se agrava día tras día. A las denuncias por abuso sexual y violencia de género ya radicadas en la Justicia, se suma la sospecha de peculado de servicio, delito que habría cometido al obligar a trabajar en su negocio particular a empleados cuyos sueldos paga la Legislatura, sin que hasta el momento el diputado haya hecho aclaración alguna al respecto.
En la jornada de ayer, los informes elaborados por la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito del Poder Judicial describen un entramado de irregularidades que exceden lo personal y alcanzan lo administrativo.