La Fiscalía que investiga al diputado provincial Javier Galán (MID) solicitó información sobre los empleados designados por el legislador en la Cámara de Diputados y sobre el personal que cumple funciones en el Corralón San Javier, en el marco de la causa por presunto peculado de servicios.
Además, se libraron oficios al ARCAT para determinar la situación societaria de la empresa y establecer formalmente su titularidad. Las medidas profundizan una de las líneas más sensibles del expediente: la posible utilización de empleados estatales en un comercio privado mientras percibían salarios financiados con fondos públicos.