El Juez de Garantías de 4ta Nominación, Dr. Marcelo Sago, solicitó formalmente a la Presidencia de la Cámara de Diputados el desafuero del legislador José Javier Galán (MID).
La medida, fundamentada en el artículo 20 del Código Procesal Penal, hace lugar al pedido del Fiscal de Instrucción N° 4, Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, con el objetivo de someter al diputado a proceso penal en el marco de la causa 436/26.
La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada por Iván Ernesto Luna Avellaneda, quien acusa al funcionario por los presuntos delitos de amenazas agravadas por el uso de armas y peculado de trabajos o servicios.
Durante la investigación, el juez analizó documentación remitida por la Cámara de Diputados, de la que surge que Luna Avellaneda se desempeñaba como asesor del bloque que integraba Galán. También advirtió la ausencia de registros de asistencia del denunciante en la Legislatura durante varios meses, situación que, para el magistrado, resulta compatible con la hipótesis de que cumplía funciones en el emprendimiento privado del diputado mientras percibía un salario financiado con fondos públicos.
El fallo también incorpora antecedentes de otra causa judicial en la que Solohaga ya había señalado que Luna Avellaneda trabajaba en el corralón y entregaba parte de su sueldo al legislador, lo que el juez consideró un elemento que fortalece la verosimilitud de la denuncia.
En la resolución, el magistrado aclara que el pedido de desafuero no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad del diputado, sino que busca remover el obstáculo procesal que representan los fueros para permitir el avance de una investigación penal con todas las medidas de prueba que correspondan.
En paralelo, el magistrado avanza en la tramitación de otras tres denuncias contra el legislador, las cuales aguardan resoluciones judiciales tras diversos planteos presentados por su defensa técnica.
Ahora será la Cámara de Diputados de Catamarca la que deberá analizar el pedido judicial y decidir si concede o no el desafuero del legislador para que la Fiscalía pueda continuar con la investigación.